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Este no es un artículo sin más. Al final contiene una llamada a la acción, solicitando tu firma en apoyo a la única fórmula que puede garantizar a propietarios y vecinos una solución a coste cero y respetuosa con nuestros derechos a la situación del Papagai. Pero no solo se trata de mostrar tu apoyo a la opción fácil (inmediata y sin coste), sino también de demostrar que la solución propuesta por el Ayuntamiento no responde al interés público (no al de los vecinos y propietarios) y eso es fundamental porque un PAU que descategorice el suelo del Papagai -como explicamos en este artículo- no puede llevarse a cabo en ausencia de interés general, tal y como establece la consolidada jurisprudencia del Tribubal Supremo.

Extracto: La gestión urbanística existe para mejorar el suelo, nunca para degradarlo. Por eso la descategorización no está en la ley. Y aunque la jurisprudencia la admite bajo condiciones estrictas, en el Papagai no se da ni una sola. El PAU que prepara el Ayuntamiento es solo un disfraz: no pasa el filtro de ningún tribunal. Ni el nuestro.


En el artículo anterior hablamos de la vía de hecho: de actuar al margen de la ley como si ésta no existiera. Hoy hablamos de otra palabra fea que conviene entender, porque es la que mejor describe lo que el Ayuntamiento prepara para el Papagai: descategorización. Disfrazada, eso sí, de un nombre técnico que suena mucho mejor: polígono de actuación urbanística, o PAU.

Qué es descategorizar el suelo

El suelo del Papagai es suelo urbano consolidado. No lo decimos nosotros: lo dicen las Normas Subsidiarias de 1990, que lo califican de suelo urbano; lo dicen las más de trescientas licencias que el propio Ayuntamiento concedió durante décadas; lo dijo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Tarragona en la sentencia 258/2022 (nuestras parcelas cumplen el artículo 29 de la Ley de urbanismo y son solares); y lo admite, con palabras que le quemaban en la pluma, el propio informe jurídico que el Ayuntamiento pagó con dinero público: «estrictamente… podrían ser consideradas suelo urbano consolidado».

¿Y qué significa que el suelo del Papagai esté consolidado? Algo muy sencillo: que ya está urbanizado, que ya tiene los servicios, que ya se edificó, y que ya no te pueden cargar más deberes de urbanizar. Esos deberes —ceder suelo, pagar obras, reparcelar— son para el suelo que está pendiente de consolidarse, no para el que ya lo está.

Pues bien: descategorizar es quitarle al suelo esa condición. Degradarlo de «consolidado» a «no consolidado». Y cuando tu parcela deja de ser suelo urbano consolidado, vuelves a ser contribuyente de un proceso urbanizador nuevo: polígono de actuación urbanística (PAU), proyecto de urbanización, reparcelación… todo con cargo a los propietarios. Descategorizar no es un tecnicismo: es la llave que abre la puerta a cobrarte una factura.

La gestión urbanística nace para MEJORAR, no para DEGRADAR

Aquí conviene entender algo que los técnicos del Ayuntamiento conocen perfectamente, aunque prefieran no recordarlo. La gestión urbanística tiene un sentido: transformar el suelo, y ese sentido es ascendente: existe para mejorar la condición jurídica del suelo, nunca para degradarla.

Así ha sido siempre. Una recalificación convierte suelo rústico en urbanizable. Un planeamiento convierte suelo urbanizable en urbano. Los instrumentos de gestión —el polígono, la reparcelación, la compensación— existen para que ese suelo acabe consolidándose. Todo el edificio de la Ley de urbanismo está construido hacia arriba: cada figura, cada instrumento, cada procedimiento fue pensado para que el suelo gane categoría, nunca para que la pierda.

Por eso la descategorización del suelo no está en el Título IV de la Ley de urbanismo. Ni en el Título IV, ni en ningún otro: la Ley entera no la contempla. El legislador nunca imaginó que una Administración usaría los instrumentos de la gestión urbanística al revés, para degradar lo que sus ciudadanos ya habían consolidado.

Y aquí enlazamos con el artículo anterior: usar el PAU —un instrumento que el Título IV creó para categorizar— con el fin de descategorizar es actuar al margen de la ley como si ésta no existiera. Otra vez la vía de hecho. El mismo modus operandi de un Ayuntamiento que nunca aprende de sus errores.

El PAU es solo un disfraz

Cuando el Ayuntamiento habla de «completar la gestión urbanística» del Papagai mediante una modificación puntual de las Normas Subsidiarias y la delimitación de un polígono, no está describiendo un trámite: está describiendo una descategorización. La prueba está en su propio informe: si hoy el suelo «podría ser considerado consolidado», precisamente porque no está incluido en ningún polígono ni sector, entonces incluirlo en un polígono no constata una categoría: la destruye.

Que nadie se distraiga con el nombre del instrumento. Si el resultado es que unas parcelas consolidadas y edificadas pasan a tener deberes de urbanización y reparto de cargas, eso es una descategorización encubierta, lo llame el Ayuntamiento como lo llame. El PAU no es aquí un instrumento de gestión: es un disfraz. Y un disfraz no pasa el filtro de ningún tribunal. Ni va a pasar el nuestro: los vecinos no somos estúpidos y no vamos a caer en semejante engaño.

La jurisprudencia: seamos francos

Como hemos visto, la descategorización del suelo no está en la Ley… Pero ¿Está la descategorización en la jurisprudencia? Seamos francos: sí. El Tribunal Supremo admite (desde 2018) que, en casos excepcionales, pueda degradarse suelo consolidado. Pero lo admite bajo condiciones tan estrictas que conviene leerlas con calma, porque en el Papagai no se da ni una sola de ellas.

La doctrina está consolidada (sentencias de 30 de octubre de 2018, de 14 de febrero de 2020 y la 1052/2020, de 21 de julio). En palabras literales de la sentencia 1052/2020:

«Si bien es posible que el planificador decida actuar sobre ámbitos que ya son ciudad para ejecutar sobre ellos actuaciones de renovación, rehabilitación o regeneración urbanas, pero para ello será exigible que se motive, con una motivación reforzada, la concurrencia de tal circunstancia en la propia Memoria del plan y la conveniencia, en aras de los intereses públicos siempre que tales actuaciones respondan a necesidades reales, evitando así que la mera voluntad transformadora basada en criterios de mera oportunidad, provoque efectos sobre los deberes de los propietarios que ya contribuyeron a la consolidación de los terrenos donde se ubican sus viviendas o locales.»

Traducido: para descategorizar hacen falta cuatro cosas a la vez. Y en el Papagai no se da ninguna de ellas:

1. Una actuación de renovación, regeneración o rehabilitación. Es decir, una transformación urbanística real, tangible: renovar tejido, rehabilitar edificios, regenerar un barrio obsoleto. El proyecto del Ayuntamiento no propone nada de eso: ni una sola obra de transformación. Su objeto declarado es «completar la gestión» de una urbanización terminada y en servicio desde hace más de treinta años. Y aquí conviene ser precisos, porque sabemos que nos leen: sí, el Papagai presenta deterioro —viales en mal estado, una red de agua con fugas, zonas verdes abandonadas—. Pero ese deterioro no es un déficit de urbanización: es un déficit de conservación. Y la conservación de esas calles era deber del Ayuntamiento (art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local) mientras cobraba religiosamente nuestro IBI. Una Administración no puede dejar de mantener durante cuarenta años y luego invocar el deterioro que ella misma ha causado para fabricarse la «necesidad» de descategorizar: si eso valiera, cualquier ayuntamiento podría descategorizar cualquier barrio de España —le bastaría con no mantenerlo—. El remedio jurídico del deterioro no es un polígono ni una reparcelación: es la recepción y el mantenimiento que reclamamos. El deterioro del Papagai no es un argumento contra la recepción tácita: es el argumento más urgente a su favor. Renovar lo que no está degradado urbanísticamente no es una necesidad: es, con las palabras del propio Tribunal Supremo, «mera voluntad transformadora basada en criterios de mera oportunidad».

2. Intereses públicos, no de parte. La descategorización solo se justifica por un interés general demostrable, no para resolverle a la Administración su propio problema. Y el problema que el PAU resolvería es exclusivamente municipal: dar cobertura, diez años después, al calendario de actuaciones que el Ayuntamiento asumió en la ejecución de la sentencia de 2016 (un pleito en el que los propietarios ni siquiera fueron parte) y trasladar a los vecinos el coste de cuarenta años de inacción municipal. Además —y esto es importante— el interés público es difícilmente sostenible cuando la pretensión no cuenta con el apoyo de los administrados, sino con su rechazo rotundo. Una actuación que se impone contra los vecinos -a quienes dice beneficiar- tiene un problema de credibilidad de origen.

3. Necesidades reales. El único déficit del Papagai es documental: falta el acta de recepción de unas obras que existen, funcionan y se usan desde los años noventa. Y ese déficit no lo generaron los propietarios: lo generó la propia Administración con su inacción y con la fórmula de cesión que eligió en 2010 y que fue anulada. Una Administración no puede convertir su propio incumplimiento histórico en la «necesidad real» que justifica imponer cargas a los demás.

4. Motivación reforzada en la Memoria del plan. No basta un párrafo solemne: la ley exige acreditar la necesidad y la conveniencia con análisis urbanístico efectivo. Y aquí el Ayuntamiento choca contra su propia historia documental: para motivar que el Papagai «necesita» urbanizarse tendría que fingir que no existen el proyecto de urbanización de 1979, la aprobación inicial de 1984, el doble silencio administrativo, los convenios de 1985-1989, las escrituras de cesión del 10%, las trescientas licencias, el IBI cobrado durante décadas y el inventario de bienes municipales de 2010. Una motivación construida contra los propios documentos de la Administración no es motivación reforzada: es ficción.

¡ Por eso tu firma es importante !

Fijémonos en el punto 2: el interés público. El Ayuntamiento tendrá que sostener algún día, ante un tribunal, que descategorizar el Papagai responde al interés general. Y ese día las firmas de los propietarios hablarán. Por eso es imperativo que todos los propietarios del Papagai manifiesten por escrito y de forma inequívoca su rechazo al PAU apoyando la única alternativa posible, la que no lesiona sus intereses ni les supone cargas: la recepción tácita.

La Associació de Veïns del Papagai ha puesto en marcha una recogida de firmas con ese objeto exacto: un documento de apoyo y solicitud al Pleno, una hoja por finca, que dejará constancia documental de la oposición de los propietarios.

Si aún no has firmado, firma.

Si tu vecino no ha firmado, llévale la hoja.

Cada firma es una prueba más de que aquí no hay interés público que invocar: hay cientos de propietarios diciendo no.

Para entregar el original del formulario firmado contacta por Whatsapp al número 671 794 172.

y si estás en la Bisbal también puedes firmar, no solo por solidaridad, sino por propio interés

El Papagai es una sola urbanización y sus servicios —agua, alcantarillado, electricidad, zonas verdes— son comunes.

Que Sant Jaume reconozca la recepción tácita nos beneficia a todos.
Firma y ayuda a desbloquear 16 años de abandono.

El patrón se repite

¿Os suena este comportamiento? Es el mismo modus operandi del artículo anterior. Con las licencias, el Ayuntamiento las suspende al margen del Título III, aunque la sentencia no las menciona. Con el suelo, quiere descategorizarlo con un instrumento que la ley creó para lo contrario, aunque la sentencia no menciona la descategorización. En ambos casos invoca la misma sentencia como comodín para hacer justo lo que la ley no le autoriza.

Y hay una ironía final que no se nos escapa: el informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento para justificar el PAU (el informe Garreta) reconoce en su página 7 que el suelo está «con servicios básicos y consolidado por la edificación», descarta la recepción tácita en una sola frase sin argumentarla, y admite en su página 1 que todo «queda sujeto a la voluntad política del Ayuntamiento». Exacto: voluntad política… que parece que ni está ni se la espera.

Para terminar, una sola frase

Se puede disfrazar la descategorización de PAU, de «completar la gestión» o de modificación puntual. Pero un disfraz no cambia lo que hay debajo: la gestión urbanística nació para consolidar el suelo, no para degradarlo; la descategorización no está en la ley, y las condiciones que la jurisprudencia exige no existen en el Papagai ni podrán inventarse. Eso lo sabe el Ayuntamiento, lo sabrá cualquier tribunal… y a partir de ahora, con tu firma, constará documentalmente que también lo saben los vecinos.

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