Qué es la vía de hecho, por qué la sentencia 542/2016 la proscribió, y por qué el Ayuntamiento sigue practicándola cada vez que deniega una licencia.
Hay expresiones jurídicas que describen ideas muy sencillas. «Vía de hecho» es una de ellas. La vía de hecho es hacer las cosas al margen de la ley o como si ésta no existiera: no se trata de incumplir un plazo ni de equivocarse en un papel, sino de prescindir del procedimiento entero. Actuar como si la norma no fuera con uno.
La sentencia 542/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló la cesión de la urbanización del Papagai precisamente por eso: porque la urbanización se ejecutó y se pretendió ceder al margen de los instrumentos que la ley exige, a través de una asociación de propietarios -que no tenía la condición jurídica de entidad urbanística colaboradora- asumiendo ésta unas obligaciones que no le correspondían, entre ellas las cesiones objeto del acuerdo que esa sentencia anuló. El tribunal lo llamó por su nombre: «bastarda vía de hecho».
Hasta aquí, lo que todo el mundo sabe. Lo que casi nadie ha dicho es lo que viene ahora.
La ley no se agota donde al Ayuntamiento le conviene
Cuando el Ayuntamiento intenta explicar por qué el Papagai necesitaría un polígono de actuación urbanística (PAU), un proyecto de urbanización y una reparcelación (todo con cargo a los propietarios), esgrime su argumento favorito -el único que le queda- que no es otro que el sobradamente conocido comodín de la sentencia.
La razón para ello se base en que en el fundamento tercero de dicha sentencia y tras desarrollar el motivo del fallo, el Tribunal «remitió» al Ayuntamiento al Título IV de la Ley de urbanismo (TRLU), el capítulo de la Ley dedicado a los instrumentos de la gestión urbanística.
Según la lectura del Ayuntamiento, el Título IV sería la única puerta legal para llegar a la recepción de la urbanización, pues considera que todo lo que no esté escrito en el Título IV es la vía de hecho que el TSJC censuró.
Pero no hay que ser jurista para entender que si el Título IV forma parte de la Ley también forman parte de ella el Título I, el II, el III y todos los demás incluidos en la misma norma.
Así pués la Ley de Urbanismo no se acaba en el Título IV. Justo antes del Título IV viene el Título III, que regula el planeamiento y, en sus artículos 73 y 74 -algo que al Ayuntamiento no le interesa recordar- se establece cómo se suspenden legalmente las licencias de obra.
Lo que EL TÍTULO iii exige
La ley (TRLU, Titulo III, Artículos 73 y 74) permite suspender la tramitación de licencias de obra, pero lo convierte en un acto excepcional, reglado y temporal. Las condiciones son taxativas:
- Tiene que haber un acuerdo municipal motivado, que justifique las razones de la suspensión.
- El acuerdo debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia e identificar gráficamente el ámbito afectado.
- La suspensión puede durar un año como máximo (dos en supuestos acumulados).
- Una vez agotado ese plazo, no puede volver a suspenderse el mismo ámbito por la misma razón hasta que pasen tres años.
Nada de esto es opinable. Está escrito. Es la ley que protege el derecho de propiedad y a cualquier vecino frente a la paralización indefinida de su derecho a construir en su propia parcela.
«Denegar» no es lo mismo que «suspender»
Aquí conviene una precisión importante, a la que los representantes del Ayuntamiento (que sabemos que nos leen) deberían prestar atención.
En un terreno que nunca fue urbano consolidado, donde jamás se concedió una licencia de obra, el Ayuntamiento deniega: no hay derecho previo que proteger. Pero el Papagai no está en esa situación. En el Papagai el Ayuntamiento concedió más de trescientas licencias de edificación durante décadas, bajo las Normas Subsidiarias de 1990, hasta consolidar la urbanización por la edificación. Eso lo sabe cualquiera que pasee por sus calles, y lo reconoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Tarragona en la sentencia 258/2022: las parcelas del Papagai cumplen las condiciones del artículo 29 y tienen la condición de solar (suelo urbano consolidado apto para la edificación).
Cuando en un suelo urbano consolidado donde se concedieron centenares de licencias, de la noche a la mañana y sin previo aviso, se dejan de conceder no se está denegando un derecho que nunca existió: se está suspendiendo un derecho adqiuirido. Y «suspender», acabamos de verlo, solo puede hacerse de acuerdo con lo establecido por el artículo 73 (TRLU Titulo III), con acuerdo, con publicación y con un año de duración máxima. Ni un día más. Y, cuando no se sigue la vía del Título III, se cae -una vez más- en la vía de hecho.
El modus operandi
Y aquí llegamos al punto. Lleva años diciéndose que la sentencia de 2016 cerró la vía de hecho del pasado: la de la asociación de propietarios que cedió lo que no podía ceder. Pero hay una vía de hecho del presente, que persiste desde hace una década, y se practica cada vez que un vecino pide una licencia de obra y se la niegan o cuando se emite un certificado de calificación urbanística negando el derecho de edificación.
Desde 2017 el Ayuntamiento no otorga licencias en el sector de Sant Jaume del Papagai. No lo hace porque haya un acuerdo de suspensión —no lo hay—, ni porque se haya publicado nada en el Boletín provincial —no se ha publicado—, ni porque la sentencia lo ordene —la sentencia 542/2016 no contiene la palabra «licencias» ni una sola vez—. Lo hace porque sí. Por decisión interna. Al margen del Título III de la ley que dice aplicar. Por vía de hecho.
El modus operandi del Ayuntamiento es tozudo y persistente.
Podríamos adaptar algunas frases célebres para afirmar que «Cuando el Tribunal señala la Ley, el imbécil mira el Título IV» …o «Que el Título IV no te impida ver la Ley».
Una sentencia no puede ser excusa para justificar lo que proscribe
Una sentencia que no menciona las licencias no puede facultar a nadie para suspenderlas. Y si el Ayuntamiento quisiera suspenderlas por su propia decisión o porque considerara que una sentencia le faculta para ello, solo podría hacerlo con todas y cada una de las exigencias de los artículos 73 y 74: acuerdo, motivación, publicación en boletín provincial, un año de tope, tres de veda. Llevamos diez años de suspensión de facto. Diez años de vía de hecho que se pretende justificar con una sentencia que recriminó al Ayuntamiento esa práctica con el duro calificativo de «bastarda vía de hecho».
Para terminar, una sola frase
Al equipo de gobierno y a quienes lo asesoran les conviene releer la Ley de Urbanismo (entera a ser posible), no solo el título que les interesa. Porque la situación actual se resume en una frase:
El Ayuntamiento está atrapado entre dos títulos de la misma ley: el III le prohíbe lo que hace y el IV no le autoriza lo que propone.

